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Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito
Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir
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GUÍA PARA DOCENTES

Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo – Actualización 2019

Las normas vigentes sobre aborto legal en la Argentina incluyen el derecho de niñas y adolescentes al acceso a la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, el acceso ha sido históricamente muy limitado y se han presentado múltiples barreras en todas las provincias.

Fue por ello que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en su fallo “F., A.L s/ Medida autosatisfactiva (13/03/2012)”, en el caso de una adolescente víctima de una violación en la provincia de Chubut, que fue obligada por el sistema de salud local a solicitar autorización judicial para acceder a un aborto legal, debido al des- conocimiento del marco legal de protección de este derecho por parte de los efectores provinciales en ese momento. La Corte se pronunció aclarando los estándares constitucionales de protección del derecho al aborto legal en la Argentina y señaló que: 

• No corresponde pedir autorización judicial para realizar ningún aborto. 

• Solo un profesional de la salud debe intervenir, no se requiere solicitar interconsultas o dictámenes adicionales. 

• No corresponde pedir denuncia ni prueba o determinación judicial de la vio- lación, solo se requiere la declaración jurada de la situación de violencia sexual. 

• Los abortos deben realizarse de forma rápida, accesible y segura. 

• Quienes ejerzan objeción de conciencia no pueden imponer derivaciones o de- moras que comprometan la atención. 

Sobre esta práctica el Ministerio de Salud de la Nación en su Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (2015) estableció que se debe respetar, en todos los casos, en primer lugar el derecho de las niñas y adolescentes a participar de forma significativa en la atención y en las decisiones relacionadas con la práctica de los abortos legales. Reconoce, además, que en los casos en los que se requiera acompañamiento de personas con responsabilidades de cuidado, antes de los 13 años generalmente, estas no podrán suplir la voluntad de la niña o adolescente sino que deberán participar del proceso de toma de decisiones respetando a la niña o adolescente como centro de su propia vida y de las decisiones que competen a su salud. 

Todas las niñas menores de 13 años embarazadas podrán solicitar la interrupción legal de su embarazo ya que el derecho penal los considera como producto de una violación y, por tanto, se deben realizar de inmediato. Aunque las niñas y adolescentes pueden empezar su actividad sexual consentida antes de esa edad, a los efectos del régimen de legalidad de aborto, dichos embarazos se encuadran dentro del inciso 2 del art. 86. Sin embargo, el/a profesional, no deberá denunciar el hecho cuando no se trate de una violación ya que estaría vulnerando derechos humanos básicos como el ejercicio de la autonomía, libertad, dignidad, sexualidad, placer, etc. 

En caso de detectar un embarazo de una niña o adolescente en el marco de una consulta, es muy importante: 

• Entregarle toda la información disponible sobre las alternativas, tanto para la continuación del embarazo, como para la terminación del mismo de forma clara, completa, actualizada y neutral. Asegurándose mediante preguntas de re- chequeo y otras estrategias de que la niña o adolescente haya comprendido. Esta información incluye los aspectos médicos, legales y operativos de las prácticas. En el caso de la terminación del embarazo, por ejemplo, se debe informar: los casos de aborto legal (art. 86 del Código Penal: peligro para la vida o la salud y en caso de violencia sexual), las técnicas (quirúrgica o medicamentosa) acercando la información suficiente para que la adolescente tome una decisión. No es necesario enseñarles fotos, videos, sonidos o detalles téc- nicos que no son necesarios para ese fin. Por el contrario, estas prácticas son ilegales y se han considerados tratos crueles y degradantes. En el caso de la continuación del embarazo se debe brindar la información tanto sobre los controles y cuidados durante el embarazo, los riesgos asociados al mismo y los servicios que pueden ayudarla en el tránsito a la maternidad (trabajo social, salud mental, desarrollo social, etc.). 

• Realizar la consulta en el marco de la escucha activa, que es una forma de interacción con las adolescentes que le permite al/a profesional “leer” a través de las gestos, silencios, palabras, etc. signos que puedan indicar que se trata de un caso de los descriptos en el art. 86 del Código Penal. 

• Respetar y acatar las decisiones de las adolescentes y respetar la centralidad de las opiniones de las niñas menores de 13 años que requieran asistencia, tal como se ha venido indicando. 

• En los casos en que se requiere acompañamiento y se presente un conflicto entre la decisión de la niña (menor de 13 años) y la opinión de su/s progenitor/es: de no ser posible el acuerdo o en caso de negativa injustificada de quienes la asistan en el proceso de toma de decisiones respecto a la práctica de un aborto legal, se debe proceder de acuerdo a lo establecido en el art. 26 del Código Civil (Ley N° 26.994), que indica que “el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico”. Es decir, que la decisión en el caso debe centrarse en la opinión y participación de la niña o adolescente, tomando la opinión médica como elemento para la determinación del interés superior del niño, que será aquella alternativa que mejor garantice el ejercicio y respeto de sus derechos. 

• Para la práctica de un aborto legal se requiere la firma de un consentimiento informado. A partir de los 13 años las adolescentes pueden firmarlo de forma autónoma. Antes de los 13 años se debe propender el acompañamiento en la firma del consentimiento informado, de sus progenitores o cualquier persona que ejerza responsabilidades de cuidado y sea convocada por la niña o adolescente. En caso de que no cuente con ninguna persona de confianza será necesario co- municar a las autoridades de protección de derechos de NNyA para que junto con la niña diseñen una estrategia para acompañar la atención sanitaria y la restitu- ción de sus derechos. 

• En los casos de aborto legal por peligro para la salud integral de la niña o adolescente, se deberá consignar en la historia clínica el riesgo detectado, ya sea a la salud en su esfera física, psíquica o social. Para la constatación de la causal basta la afirmación de un/a profesional de la salud. No se requiere una especialidad determinada, pueden certificar la causal trabajadores/as sociales, psicólogos/as, psiquiatras, generalistas, ginecólogos/as, y cualquier otra especialidad de la salud. Las interconsultas solo se ordenarán con el consentimiento de la niña o adoles- cente cuando sean necesarias para la atención integral de su salud. 

• En los casos de aborto legal por violencia sexual: se incluyen niñas menores de 13 años en todos los casos, y niñas y adolescentes de cualquier edad víctimas de violencia sexual. Se deberá solicitar la firma de una declaración jurada en la que se afirme que el embarazo que se solicita interrumpir es el producto de una relación no consentida. No se requiere que la adolescente describa las circunstancias del hecho o iden- tifique al autor del mismo. En estos casos se debe informar a la niña/adolescente y a quienes la asistan la posibilidad de denunciar el hecho para sancionar a la persona responsable6, así como de asesorarse por instituciones públicas y de la sociedad civil para la atención y restitución de los derechos vulnerados. 

De acuerdo con la regulación vigente en materia de protección de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, es deber de los profesionales de la salud tomar medidas adecuadas con el consentimiento de la niña o adolescente para evitar que sufra nuevamente violencia. En primer lugar comunicar a las instituciones de protección de derechos, los programas locales de atención a mujeres víctimas de violencia, las defensorías del pueblo, los consejos de infancia y adolescencia, o cualquier otra autoridad local que pueda intervenir y dar seguimiento al caso. 

De no encontrar otra alternativa el/la profesional de la salud tratante podrá denunciar el hecho a las autoridades de policía o judiciales locales cuando: 

• Sea para prevenir una lesión inminente. 

• La niña o adolescente se encuentre sola. 

Es muy importante recordar que la denuncia contra la voluntad de la víctima y sin la con- tención adecuada puede exponerla a mayor violencia por parte del agresor. En los casos no previstos por la ley, los efectores de salud no deben hacer ninguna denuncia, ya que sería una violación a la confidencialidad propia de la relación médico-paciente (art. 2 inc. d de la Ley N°26.529) y al secreto profesional (art. 156 del Código Penal). Estas normativas establecen que el deber de confidencialidad es extensivo a toda persona que acceda a la documentación clínica, incluso a quienes actúan como aseguradores o financiadores de las prestaciones.

Las obligaciones del equipo de salud en materia de atención sanitaria de víctimas de violencia sexual deben estar destinadas a promover el bienestar de su salud integral, más que a impulsar o enderezar el trámite legal de la violencia sexual, lo cual requiere de competencias jurídicas que exceden las incumbencias de las ciencias de la salud y que pueden desenfocar las buenas prácticas clínicas.

Lineamientos sobre Derechos y Acceso de los y las adolescentes al sistema de salud.

DE MAR DEL PLATA – BATÁN