La sanción de la ley se inscribió dentro del proceso de adecuación de la legislación interna a los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos suscritos por el Estado argentino en la década del ’90. Fue un avance basado en el reconocimiento al derecho a vivir una vida libre de violencia amparado en convenciones internacionales como la CEDAW y Belem Do Pará. El Estado argentino se comprometió a enfrentar la violencia por razones de género y asistir a sus víctimas, como así también a adoptar políticas orientadas a tales fines.
