Históricamente consideradas como receptoras de asistencia social, las personas con discapacidad son ahora reconocidas bajo el derecho internacional como sujetos de derecho, con una reivindicación del derecho a la educación sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades. La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC, 1989), la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos (EPT, 1990), las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las Personas con Discapacidad (1993) y la Declaración de Salamanca y Marco de Acción para las Necesidades Educativas Especiales (1994), todas ellas encarnan medidas que testifican el crecimiento de la toma de conciencia y la comprensión del derecho de las personas con discapacidad a la educación.
