Desde 1921 el aborto es legal para ciertos casos en la Argentina y en 2012 la CSJN despejó las dudas sobre los alcances del artículo 86 del Código Penal. Sin embargo, es un derecho que se vulnera de forma sistemática a partir de los prejuicios sobre la autonomía de las mujeres, lo que repercute en –al menos– el derecho a la salud de las personas con capacidad de gestar. En los últimos años, en el país del Ni Una Menos, los derechos sexuales y reproductivos están siendo motivo de mayor debate público porque su vulneración implica las violaciones a los derechos a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, intimidad, dignidad, a estar libre de violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes y a la igualdad de las mujeres, lesbianas, niñas y personas con capacidad de gestar en nuestro país. Todos estos son derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional y otros que tienen rango superior a las leyes. Esto ha sido de mayor incidencia en los debates legislativos por la legalización del aborto en la Argentina. El Congreso debe votar en pocos días si mantiene vigente un sistema de causales que es restrictivo en la práctica o si amplía el derecho al aborto legal, seguro y gratuito hasta las 14 semanas de gestación. La publicación recoge experiencias de distintas organizaciones y brinda argumentos claros, sin perder rigurosidad. Si bien tiene un objetivo local fuerte, cada punto recupera jurisprudencia de distintas naciones y de instancias internacionales, además de recomendaciones.
CELS Centro de Estudios Legales y Sociales
